domingo, 16 de febrero de 2014

La ilegalidad condena a sufrir a los colonos de la reserva Choré

Siete de cada diez afectados por las riadas que viven en Santa Cruz, habitan comunidades de Yapacaní, Santa Rosa del Sara, San Juan y El Puente. La mayoría de estos asentamientos humanos están marcados en el mapa como polígonos rojos, que indican su condición de ilegalidad y la imposibilidad de desarrollar cualquier inversión pública en dicho territorio. Sindicatos agrarios como Orinoca, Boquerón o Zamora no pueden ser titulados por el Gobierno y se han convertido en las víctimas perfectas de las riadas.
Según explica Manlio Roca, director de Medioambiente de la Gobernación de Santa Cruz, son unas 25.000 personas que se exponen anualmente a los desbordes de los ríos Piraí, Yapacaní, Palacio e Ichilo, por lo que propone trasladarlas a tierras fiscales dentro del departamento de Santa Cruz para que salgan de la Reserva Forestal Choré y se les pueda llevar infraestructura básica.

Con poder económico
Roca señala que es impresionante cómo supuestos campesinos sin tierra han trazado caminos por medio monte a unos costos en hora máquina que incluso a la Gobernación le hubiese costado. Pese a que su condición de ilegalidad hace complicado tener datos precisos, se cree que provienen de familias de Chapare.
Enrique Bruno, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, explica que pese a que se trata de asentamientos ilegales se les ha otorgado ayuda humanitaria, traducida en alimentos y medicina. Señala que esta es la zona crítica del departamento, ya que existen comunidades aisladas a las que solo se puede llegar vía aérea.
Consultado si el gobierno departamental procederá a construir defensivos que eviten las penurias a los colonos, Roca explica que no es posible. Cita como ejemplo la construcción de un tendido eléctrico en dichas comunidades. La obra, financiada por la CAF, llegó solo hasta el límite de la reserva forestal. “No se puede realizar inversión pública en asentamientos ilegales”, señala.
Félix Urquidi, alcalde interino de San Juan, explica que la última comunidad que atienden es Punta Rieles, que está a 100 kilómetros al norte de la capital del municipio. Más allá, dentro de Choré, hay otras comunidades a las que no pueden llevarle escuelas ni postas sanitarias porque no tienen sus papeles en regla. Señala que pese a ello, desde el 27 de enero se les repartió ayuda humanitaria y que el 5 de febrero, cuando agotaron sus recursos, pidieron apoyo a la Gobernación.
Urquidi añade que son pueblos estacionarios, que por lo general regresan a sus lugares de origen en verano y vuelven a instalarse en los asentamientos ilegales en invierno para sembrar arroz y soya. Esta vez el turbión los aisló. La promesa de tierras fiscales a los damnificados de Morochata puso en alerta a Roca. Él cree que estos 25.000 colonos deben ser trasladados para preservar una de las áreas de bosques más ricas del continente, que producía, antes de la llegada de los colonos, hasta 83 metros cúbicos de madera por hectárea.
Sin embargo, no será fácil. Hace dos años los colonos ya rechazaron la oferta de la Gobernación de traslado y abandonaron la mesa de reuniones.
Para el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, es mejor no caer en elucubraciones en tiempo de desastre. Considera que el tema es inoportuno y que es mejor tratarlo en tiempo seco.

La venganza natural
Pero los colonos de Choré no son los únicos mal ubicados del departamento. Pese a que los defensivos construidos desde 2009 han disminuido la afectación a los cultivos industriales de Santa Cruz, eso no evita que el director del Servicio de Reencauzamiento de Aguas del Río Piraí (Searpi), Luis Aguilera, admita que hay cientos de productores que se han instalado entre el viejo y el nuevo cauce del río grande, en zonas que son llanuras naturales de inundación y que su presencia en esa zona los hace altamente vulnerables a perder sus inversiones.
Orgulloso, Aguilera ha constatado que sus defensivos funcionan; sin embargo, no alcanzan para proteger la superficie sembrada de los charcos que forman el agua de lluvia dentro de los predios. Aguilera critica la forma en la que los agricultores nivelan sus zonas de siembra, ignorando las curvas de nivel del terreno, que ayudan al drenaje natural de estas zonas. Señala que esto provoca que el suelo se impermeabilice, retrasando la infiltración de aguas y dañando más los cultivos. Por ello, cree que el auge de la producción de alimentos ha llevado a algunos agricultores a asentarse y sembrar de forma poco sostenible y sin medir las consecuencias

SE PROTEGIERON 200.000 HECTÁREAS CON UNA INVERSIÓN DE BS 270 MILLONES
Los cultivos inundados ya son una imagen del pasado en muchas zonas cruceñas. Manlio Roca, secretario de Medioambiente de la Gobernación, y Luis Aguilera, director del Searpi, recuerdan que hasta la década pasada, las inundaciones de cultivo comenzaban en Pailón y Warnes. Ahora los desbordes se han producido mucho más al norte y la afectación a los sembradíos no llega ni al 1% de la superficie sembrada.
Desde 2009, el Searpi ha ejecutado más de 150 kilómetros de defensivos en las principales cuencas del departamento (Grande, Piraí, Ichilo, Yapacaní y Palacio).
Aguilera explica que esto no hubiese sido posible sin una correcta decisión del presidente del Estado, Evo Morales, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y los alcaldes de más de 29 municipios del departamento. Señala que esta conjunción de intereses y de trabajo permitió que con $us 10 millones se logren apalancar más de 50 millones. Esto hace que todos los años se eviten pérdidas económicas de hasta $us 200 millones.
Ahora, la Gobernación gestiona un crédito de $us 25 millones con la Corporación Andina de Fomento para una cuarta etapa de construcción de defensivos.
Para conseguirlo, falta el visto bueno del Gobierno y la Gobernación ha ofrecido dividir la deuda en partes iguales con el poder central.

CLAVES

Protegiendo el ‘lomito’
En las cuencas del Piraí y el Río Grande se encuentra la seguridad alimentaria de Bolivia. Además, en esta zona está concentrada la mayor parte de la población del departamento de Santa cruz, así como la inversión en infraestructura caminera, gasoductos, oleoductos y sistemas de energía. Es por eso que Manlio Roca le llama el ‘filet mignon’ de Santa Cruz.

Yapacaní: afectado y en crisis
De las 1.721 familias reportadas por la Gobernación como atendidas con alimentos, 924 se encuentran en el municipio de Yapacaní. Sin embargo, en lugar de concentrarse en atender la emergencia, el municipio fronterizo con Cochabamba está en una crisis política. El jueves, los vecinos tomaron la Alcaldía y el Concejo Municipal exigiendo la renuncia del alcalde.

La ayuda debe llegar

Los cambios se acentúan por la acción del ser humano
La falta de cuidado y la codicia agrandan el problema de las inundaciones en el departamento de Santa Cruz. Quieren prevenirlos.

La gateadora ha aumentado su velocidad

Con la decisión de intervenir
Rubén Costas ha instruido a los técnicos de la Gobernación que compartan su conocimiento con otros departamentos. Santa Cruz es el que tiene más desarrollados los procesos de control de cauces.

Se asesora al municipio que lo solicite
Luis Aguilera señala que el trabajo más visible del Searpi es atacar la consecuencia de las riadas (canales y defensivos), pero que ellos le dan igual importancia al origen del problema. Es por eso que ofrecen formación de cómo evitar deteriorar el medioambiente a los municipios que lo soliciten.

SUGIEREN HACER TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN RÍOS DE BENI
“El gobernador Rubén Costas nos ha instruido que compartamos nuestra experiencia con los otros departamentos”, dice Luis Aguilera, director del Searpi. El experto en cuenca cree que es urgente replicar el trabajo cruceño en las principales cuencas de Beni, sobre todo en los ríos Mamoré y Beni, que anegaron Trinidad, Rurrenabaque y Reyes.
La sugerencia de Aguilera también atañe a los intereses cruceños. Los ríos de este departamento desembocan en el Mamoré (las aguas del Piraí van al Yapacaní, este aporta al cauce del Río Grande, que echa sus aguas al Mamoré), que se está haciendo más lento, según Aguilera, por la construcción de dos represas en el río Madeira, en la frontera de Brasil y Bolivia.
Si bien el agua ‘no vuelve’, sí se frena y provoca mayores desbordes que al final repercutirán en los ríos de Santa Cruz, que son parte del sistema.
Aguilera plantea dos acciones concretas y urgentes para el Mamoré y el Beni. En primer lugar se deben hacer canales para eliminar los meandros. Con ello, los ríos fluirán más rápidamente, habrá menos sedimentación y se protegerá a los pueblos asentados en las riberas.
Pero con ello no será suficiente. También plantea dragar los cuerpos de agua. Esto dará más profundidad a los ríos, dificultando que se desborde. Sin bien este es un trabajo que exige una gran inversión, Aguilera cree que es justificada.
Más allá de la protección de la zona ganadera más grande del país y de poblaciones de hasta 100.000 habitantes, el director del Searpi explica que esto convertirá al Beni y al Mamoré en una hidrovía que podría ser utilizada por los brasileños para transportar soya y otras mercaderías a un precio menor.
El proceso por el cual los ríos Ibare y Mamoré inundan Trinidad ha sido bautizado como ‘la gateadora’, ya que es una lenta subida de las aguas. Sin embargo, con la canalización de los ríos en Santa Cruz, los turbiones azotan Trinidad en la mitad del tiempo que antes. Antes tardaban cinco días en llegar, hoy tardan dos.

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